Las ciencias económicas y
administrativas proveen de criterios y técnicas para incrementar
significativamente la eficacia y eficiencia de las organizaciones. Éstos son
claros en demostrar que instituciones sin objetivos y metas, sin control y
evaluación de desempeño, entre otros aspectos, tienden a ser más improductivas.
La provisión de servicios de justicia no es ajena a este problema.
Los grandes avances en productividad y calidad tienen que ver no sólo con las
innovaciones tecnológicas sino también con innovaciones institucionales y
organizacionales. La gestión, definida como el conjunto de actividades de
planificación, organización, coordinación y control destinadas a la obtención
de un fin o meta es tan válida en la administración de justicia como en
cualquier otro ámbito de la actividad humana.
La mayor eficiencia en el uso de recursos disponibles habitualmente tiene dos
dimensiones: Primero, aprovechar mejor los recursos en una actividad puntual.
Segundo, hacerlo en las actividades más convenientes. El tiempo ocioso (por
esperas innecesarias, corrección de trabajos deficientemente ejecutados, etc.),
el uso de archivo provisional a causas con escasas probabilidades de obtener
resultados, o el establecimiento de procedimientos abreviados para causas de
menos significancia social, representan elementos que afectan la eficiencia de
los recursos disponibles.
Desde la perspectiva de la gestión y el desempeño del sistema y sus
instituciones, guiarse por el principio de que “la justicia no se puede valorar”
equivale a asegurar la pérdida de un importante potencial de mejoramiento.
El presente artículo tiene por objetivo
exponer y analizar elementos de gestión de la justicia a partir del caso
concreto del la instalación del nuevo sistema procesal penal en Chile. Tanto el
diseño estructural del nuevo sistema como el proceso de instauración,
representan un esfuerzo -aunque incompleto- de incorporar criterios económicos
y administrativos.
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