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El artículo que se presenta aquí cubrirá principalmente los distintos aspectos de organización que significó investigar, tramitar, juzgar y sancionar a José Efraín Ríos Montt, que encarna al dictador más sanguinario que tuvo América Lantina durante el siglo XX.
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El Ministerio de Defensa no ha prestado colaboración para la identificación de los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas de seguridad.
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Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno chileno han recibido en los últimos años una creciente atención de parte de la doctrina y de la jurisprudencia.
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La investigación criminal de casos de desaparición, tortura y muerte de personas, en contextos de violencia política, étnica o religiosa (donde las violaciones a los Derechos Humanos son las prácticas más habituales), presenta para el investigador (juez, fiscal, abogado defensor, policías, forenses) desafíos totalmente novedosos.
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Algunas notas sobre su trabajo, informe final, conclusiones y recomendaciones con un enfoque en el sistema de justicia.
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Al día de hoy, tras décadas de búsqueda, más de un centenar de jóvenes fueron localizados y pudieron reunirse con sus familias.
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Recomendaciones destinadas a la mejora de la capacidad de persecución penal en casos de estas características.
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Primeras líneas sobre lo que debe ser un Ministerio Público con capacidad de reacción ante casos de gravedad con implicaciones transnacionales, o investigaciones de gran envergadura
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¿Basta con transmitir por televisión abierta un juicio para que la sociedad quede con sus heridas sanadas? ¿Quién debe transmitir? ¿Bajo qué estándares técnicos y editoriales? ¿Debe haber regulación?
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A treinta años de la recuperación democrática y once de la reapertura de las causas judiciales, es posible afirmar que no ha existido una política de persecución penal y juzgamiento de un fenómeno criminal comparable por su integralidad a la que se ha desarrollado en relación a los delitos contra la humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
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