De este modo, se planteaba la renovación en la justicia como un cambio de hombres y mujeres en los puestos de autoridad en el sistema judicial.

Partiendo del análisis jurídico político nacional, el Centro de Estudios Judiciales buscó insertar un tema que hasta el momento no figuraba en la agenda pública: el cambio de modelo de Justicia, que se inicia con la publicación de 10 temas para una reforma judicial profunda en Paraguay (bastamente difundida por los medios).

En este contexto, el equipo técnico del Centro del Estudios Judiciales desarrolló un anteproyecto de Código de Organización Judicial como una propuesta para llevar al debate la normativa para un cambio de modelo judicial. El mismo se puso a disposición de la clase política y la ciudadanía como una propuesta normativa para avanzar en la necesaria reforma integral del Poder Judicial. Paralelamente se inicia un proceso de modernización y especialización del Ministerio de Justicia, cuyo modelo de funcionamiento se encuentra alejado del moderno ministerio de justicia de la región.

El anteproyecto de Código de Organización Judicial fue presentado durante la segunda Jornada de Derecho Judicial "Gobierno judicial"�, el 24 de setiembre pasado, y actualmente  está en manos de las autoridades del Paraguay, para un gran proceso de discusión y de consulta popular.

En esta entrevista, la doctora María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), conversa con el ministro de Justicia y Trabajo, Dr. Humberto Blasco, sobre este y otros puntos relacionados a la reforma del sistema judicial en Paraguay.

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Es así que muchas reformas sustantivas a la justicia han sido diseñadas desconectadas del nivel de gestión del sistema, lo cual ha significado que muchas de ellas no lograran cumplir con los objetivos que se habían propuesto en un inicio.

La cuestión es que las reformas a los sistemas de justicia han establecido nuevos estándares de juzgamiento. Al efecto se han regulado especialmente las audiencias orales, que son elemento central del nuevo paradigma, como materialización de la garantía del debido proceso, herramienta de transparencia y ejercicio del derecho de defensa y contradicción, mecanismo de depuración de la prueba, y metodología central para la toma de decisiones durante el procedimiento. Estas audiencias orales (no sólo el juicio oral), centrales a los modelos reformados tanto en materia penal como civil, exigen que la gestión se adecue a este nuevo formato de trabajo. Esto es, que la gestión judicial abandone la función histórica de tramitación de un expediente y adopte, en cambio, el nuevo rol cuyo objetivo es desarrollar de forma efectiva y eficiente las audiencias orales.

En esta perspectiva se ha ido instalando con fuerza en la agenda judicial de América Latina, la idea de que las oficinas judiciales son el motor de los procesos reformados. Ellas tienen a su cargo, entre otras tareas, coordinar las agendas de los actores organizando las audiencias, realizar las comunicaciones, informar a las partes, citar testigos y peritos, y ejercer la custodia de objetos, entre otros, procurando siempre el uso más efectivo de los espacios físicos y los recursos jurisdiccionales disponibles.

A partir de la constatación de esta centralidad, los proyectos integrales iniciales de reforma a los sistemas de justicia en la región, y sobre todo aquellos que vinieron en una segunda etapa a extender, profundizar o corregir diseños previos, han implementado oficinas de gestión de audiencias, que logran romper con el paradigma tradicional de organización del despacho judicial. Estos nuevos diseños e implementaciones, tienen aciertos e innovaciones, pero también debilidades a considerar.

Es por ello que tanto CEJA como INECIP han decidido dedicar el presente número de la revista Sistemas Judiciales al tratamiento de las experiencias de innovación vigentes en la región en materia de oficinas judiciales, así como discutir los desafíos que aún están pendientes.

En esta edición se aborda como tema central las diversas iniciativas que se han puesto en marcha en América Latina. Se han incluido artículos sobre oficinas implementadas a nivel local en Argentina, en donde gran parte de las provincias han instalado procesos penales acusatorios. A su vez, en dicha se...]]> https://sistemasjudiciales.org/nota.mfw/436 2015-10-22Introducción

A partir del 10 de febrero de 2014, y luego de un proceso político de casi 8 años, la provincia Santa Fe (Argentina) ha experimentado un cambio institucional que no tiene precedentes y que apunta básicamente a darle contenido al proceso de democratización del Poder Judicial, por lo menos en el ámbito del fuero penal.

La Ley 12.7341 estableció en la provincia un nuevo Código Procesal Penal que reformulaba íntegramente el sistema de enjuiciamiento vigente, avanzando hacia el establecimiento de un proceso acusatorio.

Lo expresado requiere del cambio de un sistema basado en la lógica del “trámite” en el expediente, como “recopilación sistemática de información protocolizada en actas organizadas cronológicamente”2, a un sistema basado en la oralidad y la contradicción, en el cual “los operadores van a vivir con la cara, con el dolor y con la alegría de los intervinientes”.

El principal desafío se entronca en la cultura judicial actual santafesina. En palabras del Dr. Superti, “una cultura jurídica que se caracteriza por ser particularmente conservadora en las formas y costumbres de trabajo”3 .

El problema es estructural. Un proceso de reforma requiere mucha planificación y organización. Atacar las bases del sistema organizacional, cambiar de paradigma, cambiar las prácticas.

Reingeniería de procesos

Los objetivos que proponemos son la gestión de la calidad y la reingeniería de procesos de tal forma que involucren una auditoría externa y un proceso de autoevaluación entre otras herramientas encaminadas a dichos fines.

Se propone la puesta en marcha dentro de la oficina, de un proceso de auto evaluación de procedimientos judiciales, dirigidos a precisar y definir objetivos de mejora, ejecutando las acciones conducentes y corrigiendo los desvíos que se presenten, todo ello determinado y realizado por los directores y funcionarios. Además la iniciativa propuesta se relaciona con premisas tales como la de “tomar conciencia de que la ciudadanía reclama una administración de justicia más rápida y eficaz y espera que el sistema judicial dé una respuesta adecuada a las necesidades de los litigantes”, también las referidas a gestión judicial en cuanto se declaró que “es misión del Poder Judicial brindar soluciones a los conflictos en un tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de los habitantes de la Nación, sin mengua de la calidad de las decisiones”