Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia en Costa Rica

I. Antecedentes.

Costa Rica es conocida internacionalmente por su tradición democrática, a pesar de que geográficamente se ubica en el convulso istmo centroamericano. Es un país pequeño, de 51.100 kilómetros cuadrados y de aproximadamente 3.800.000 habitantes.

El ejército fue abolido en 1948, la Constitución vigente data de 1949, creándose en esa misma fecha el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual ha garantizado el sufragio y la transparencia en el proceso electoral.

Mediante la Reforma Constitucional del año 1959, se otorgó al Poder Judicial un presupuesto fijo no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, el cual se mantiene vigente. No obstante, actualmente la Corte Suprema de Justicia lucha por incrementar este presupuesto, en vista de que han crecido sus atribuciones y competencias. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo en el que el Poder Judicial cubre institucionalmente a entidades auxiliares a la administración de justicia, tales como el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial, la Medicatura Forense con sus respectivos laboratorios y la Dirección Nacional de Notariado. Además, la competencia Jurisdiccional Constitucional le ha sido asignada a una sala especializada en la materia que integra la Corte Suprema de Justicia. Aunque la dotación presupuestaria parecía adecuada en décadas pasadas, lo cierto es que actualmente la carga financiera que conllevan las actividades auxilia-res a la administración de justicia, especialmente en el rubro de recursos humanos, implican un recorte presupuestario objetivo a la actividad estrictamente jurisdiccional.

Por otra parte, para comprender la realidad en la que se enmarca la administración de justicia en Costa Rica, es importante destacar que el costarricense tradicionalmente recurre a los tribunales para resolver sus conflictos, lo cual deriva en un alto índice de litigiosidad. Consiguientemente, también se ha incrementado la percepción negativa del público acerca de la administración de justicia, al no tener respuestas prontas y cumplidas de sus pretensiones.

A modo de referencia, se citan los siguientes datos: en el año 1999, ingresaron al Poder Judicial costarricense un total de 710.758 asuntos en primera instancia y en el año 2000, un total de 789.000. En el año 1999, ingresaron 9.741 asuntos en la jurisdicción constitucional y en el año 2000, 10.808, de los cuales un 80 % fueron recursos de amparo. Los indicadores de litigiosidad son bastante elevados, sobre todo si realizamos comparaciones entre países con alguna similitud en cuanto a población, ya que por ejemplo, Uruguay, no alcanza ni a una cuarta parte de este número de procesos, incoados en la administración de justicia.

En concordancia con el indicador señala-do, el Poder Judicial ha tenido que aumentar el número de jueces, que actualmente asciende a 18 por cada 100.000 habitantes, así como también a 7 fiscales y 5.3 defensores por la misma tasa de población. Esto nos coloca con uno de los indicadores más altos de los países de nues-tro entorno cultural. No obstante, el endémico mal del retraso y la morosidad judicial no han podido combatirse en todas sus manifestaciones.

II. El Programa de Modernización de la Administración de Justicia.

En el año 1996, se empieza a ejecutar el Programa de Modernización de la Administración de Justicia, financiado con un préstamo del Ban-co Interamericano de Desarrollo. Este proyecto fue pionero en su momento, pues los organismos financieros internacionales no solían invertir en este ámbito, ya que no es sino hasta entonces que empiezan a destacarse los fuertes vínculos existentes entre justicia y desarrollo, afirmándose que éste último no es posible sin la previsibilidad de una administración de justicia accesible, eficaz y eficiente. Es así como el Poder Judicial asume el reto de ejecutar estos re-cursos, con un norte trazado hacia la (i) Consolidación de un sistema moderno de administración del Poder Judicial; (ii) Mejorar la gestión de los despachos y el servicio público de la justicia; (iii) Facilitar el acceso y uso de la información y; (iv) Capacitar a los distintos agentes que participan en la administración de justicia.

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