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Prisión preventiva: Ecuador

Dos visiones sobre la aplicación de la prisión preventiva en Ecuador.
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Este artículo corresponde al Debate "La prisión preventiva en América Latina". Para verlo completo, click aquí.

ECUADOR

Entrevistas realizadas por Cristóbal Machuca.

1.- ¿Cómo está funcionando la prisión preventiva en su país? ¿Cuáles son los  3 principales problemas o temas esenciales que requieren de mayor atención en este tema?

2.- ¿Cuáles son los obstáculos que ve en la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva? ¿Qué recomendaciones plantearía para superarlos?

3.- Desde su rol ¿percibe que existen presiones para la utilización de la prisión preventiva? ¿De qué sectores cree que provienen?

 

Blanca León, defensora pública en la provincia del Azuay, Ecuador.
Escuchar audio.

 

1.

 

Para responder a la pregunta de cómo está funcionando la prisión preventiva en mi país, es necesario partir de un análisis de lo que establece la Constitución política y el Código de Procedimiento Penal en cuanto a ese tema, y conforme a estas dos normativas, la prisión preventiva funciona de la siguiente manera: primero debe tomarse en cuenta a la Constitución política, por su supremacía, y en el articulo 77 numeral 1 se establece que la prisión preventiva se aplica excepcionalmente para garantizar la comparecencia del procesado en el proceso y asegurar el cumplimiento de una pena, mientras que conforme al art. 159 del CPP dice que en todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva y procederá en los casos en que la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueran suficientes para evitar que el procesado  eluda la acción de la justicia.

 

Se debe también tener en cuenta que uno de los principios que rigen a la fiscalía, por decirlo así, es que se debe llevar adelante un proceso penal con mínima intervención penal. Sin embargo, los fiscales, en la mayoría de los casos, solicitan la aplicación de la prisión preventiva con la sola mención de que se requiere de la inmediación del procesado al proceso y para asegurar el cumplimiento de la pena y nada más. Sin presentar evidencia referente a que sea cierto que hay razones suficientes y demostradas con evidencias de que sea necesario privar de la libertad al procesado, o dicho de otra forma, que el procesado no comparecerá al proceso, como dice el art. 167 del CPP, no presenta los indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado. Y obviamente la defensa y como defensores públicos, hemos contradicho esta mera enunciación que hace la fiscalía y hemos pedido que se actúe conforme al art. 167 numerales 1 al 5 y en muchos casos nos han dado la razón, pero en muchos otros, al juez le ha bastado con solo tener un parte policial para dictar la prisión preventiva.

 

En resumen, en el Ecuador la prisión preventiva debe surgir o procede por orden escrita del juez competente; esto asimismo por orden constitucional expresa. Procede en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas por la ley, pero parece existir una contradicción con el CPP, que dice en el art. 160 punto 1: el juez de garantías penales decidirá en audiencia oral dictar la prisión preventiva, y la comunicación de la resolución será oral a los sujetos procesados; se redactará un extracto de la audiencia y será suscrita por el secretario.

 

Esto ha llevado a plantear algunas apelaciones ante las salas especializadas en lo penal, y  por estas contradicciones entre la Constitución y el CPP, la sala de la corte provincial, ha resuelto que no es válida esa sola decisión en forma oral de dictar la prisión preventiva, sino que se debe proceder mediante orden escrita del juez competente que reúna los requisitos establecidos en el art. 167 del CPP, pues son problemas legislativos.

 

Si seguimos nosotros ganando las apelaciones, a nosotros nos conviene que exista esta contradicción. Pero ya como abogada y ciudadana, preocupa esta situación ya que estando en plena vigencia de la oralidad que se exija una orden escrita, cuando el juez también en forma oral lo motivó y expuso sus razones en dictar la prisión preventiva, es preocupante.

 

Asimismo, como regla general, dictar una prisión preventiva es la excepción. Y dictar una medida alternativa es la regla. Asimismo, otro problema que se presenta es que a la hora de dictar la prisión preventiva, según la Constitución que es una norma suprema, es que el juez puede o no dictarla; es decir, es facultativo. Mientras que en el CPP es restrictivo. Según el CPP el juez está obligado, por decirlo así, a no dictar la prisión preventiva. Sin embargo, la Constitución lo contradice.

 

Los temas que requieren mayor atención: se debe resolver el tema de lo facultativo y lo restrictivo, que lleva estas confusiones al juez y a los operadores de justicia. Asimismo, llegar a acuerdos referentes a que si está vigente la oralidad, por ejemplo en casos de delitos flagrantes, la prisión preventiva se dicte en forma oral por la plena vigencia de la  oralidad. Y si se encuentra ya motivada y fundamentada, que no se requiera de orden escrita para trasladar al procesado a un centro carcelario sino que baste el acta sentada por el secretario para ser suficiente, la misma para que el procesado permanezca en un centro de rehabilitación social.

 

Agrego otro problema: el problema de los plazos de la duración de la prisión preventiva Debería establecerse en las audiencias, que para discutir la prisión preventiva, se debe discutir también la duración de la prisión. No puede ser que se esté en los plazos constitucionales y cuando falta un mes o unos días para que caduque, el juez se encuentre en apuros de fijar audiencia para que no caduque la prisión preventiva. Antes no le importa. En algunos casos los procesados han sido inocentes y duran seis meses y en los casos de delitos sancionados con prisión de un año y en los delitos sancionados con reclusión al resultar inocente un procesado y estar cumpliendo una pena de seis meses o un año según el caso. Considero que por la existencia de principios como de celeridad o eficacia, también deben establecerse plazos discutidos en la audiencia de prisión preventiva, porque conforme al art. 171 del CPP literal b inciso 4, la prisión preventiva durará un plazo fijado por el juez para el cierre de la investigación, y el juez puede derogar la orden de prisión preventiva si se exceden los plazos. Tenemos la forma de aplicarla, pero no se ha estado discutiendo en sus tiempos de duración de la prisión preventiva, solamente rigiéndonos en los plazos constitucionales.

 

Otro problema que he detectado es que en algunos casos el propio imputado retarda, evade o evita, impide su juzgamiento, orientado a provocar la caducidad de la prisión preventiva, y este ha sido el caso de Guayaquil. Hay una ley interpretativa que lo soluciona y es el art. 169, que dice que si se retarda el juzgamiento por equis motivos, no provocará la caducidad de la prisión preventiva.

 

También existe el caso de la privación de libertad a mujeres embarazadas. Según el Código, en el art. 171, literal b inciso 5 dice que las mujeres embarazadas privadas de libertad que no pueden beneficiarse con la sustitución de la prisión preventiva cumplirán la medida cautelar en lugares especialmente adecuados para este efecto. Ni en Cuenca, ni en lo que conozco del resto del país, existen estos centros adecuados a este efecto. Las mujeres embarazadas cumplen la prisión preventiva, esta medida cautelar en el centro carcelario con las demás sentenciadas y con los otros que se encuentran privados de libertad.

 

2.

 

Los obstáculos que se ven en la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Se debe partir aquí de los principios de la excepción y la regla. En nuestro país se lo conoce como medidas alternativas y es facultativo del juez dictar o no las medidas alternativas a la prisión preventiva. El obstáculo se encuentra en el art. 160, que si bien enumera y se pone en primer orden las medidas alternativas, dentro de las medidas de carácter personal, en el último inciso se ubica la prisión preventiva, sin embargo se ha percibido por parte de la defensa, que la excepción es aplicar medidas alternativas y la regla, aplicar prisión preventiva. Así es la percepción que tengo como defensora: que a pesar de que el CPP establece la restricción de aplicar prisión preventiva, se la tiene como regla.

 

El problema es también de que el dictar o no las medidas alternativas es facultativo del juez. El juez puede o no ordenar medidas cautelares alternativas, que se contradicen con la restricción establecida en el CPP que también lleva a contradicción. Entonces no concuerda lo restrictivo con lo facultativo, y creemos que se debe aplicar lo más favorable al procesado.

 

Más allá de todas estas contradicciones que existen tanto en la Constitución como en el CPP, consideramos que estas deben ser consideradas en primer orden, y la prisión preventiva como de ultima ratio. Sin embargo hemos presenciado casos en que particularmente cuando el juez es temporal, se dicta la prisión preventiva sin considerar las medidas alternativas.

 

Y por último, el problema que se presenta es que hay demasiada reincidencia en nuestra ciudad. Ante esto, los jueces ya no dictan las medidas alternativas: por la reincidencia.

 

Aquí surge una pregunta con referencia a los defensores. ¿Las defensas deben seguir defendiéndolos, o dejar que se les dicte la prisión preventiva? Ahí obviamente estará en juego la ética del profesional. Las recomendaciones que podría hacerles de que en el caso de los jueces temporales, ahora que ellos van a ocupar el puesto de juez penal temporal, se dé la capacitación suficiente para que no se den estos casos. Y ante la reincidencia, todavía ni los operadores de justicia ni la defensa han encontrado una recomendación adecuada a fin de que se dicte a favor de equis medidas alternativas en los casos de reincidencia, porque muchas veces se aprovechan de la medida alternativa y siguen delinquiendo.

 

3.

 

Como defensora pública percibo que existen presiones para la utilización de la prisión preventiva, y provienen de algunos sectores, por ejemplo de los sectores políticos. Los movimientos políticos contrarios en la actualidad al movimiento oficialista, presionan y pregonan que la caducidad de la prisión preventiva da lugar al aumento de la delincuencia. Dicen sin ninguna reserva y generalizan, que los delincuentes deben estar encerrados, sin hacer distinciones en que el supuesto "delincuente"?, puede merecer una medida alternativa. Son cerrados y contrarios a estas medidas y ven al derecho penal como un derecho penal del enemigo, y se congracian así con sus adeptos políticos. Dicen además que la seguridad ciudadana se ve afectada como si fuera una gran solución para ellos dictar la prisión preventiva sin saber que esto también cuesta al Estado.

 

Para ellos la única solución es encerrar a los procesados. Se ha planteado alguna vez inclusive la cadena perpetua y en algunos casos la pena de muerte, que no comparto como defensora. En este país, sin que se interprete mal mi posición, no soy contraria ni seguidora del partido social cristiano, ni de este Movimiento Madera de Guerrero, pero se ven en las noticias y los periódicos, cómo presionan para que se amplíe en estos días el tiempo de caducidad de la prisión preventiva, y están presionando a que se vuelvan a fijar las detenciones firmes, violando así la Constitución, tratados internacionales, principios universales del derecho yendo en contra de los procesados.

 

También he visto que existe la presión de los funcionarios superiores a la fiscalía. Presionan para que se dicte en contra del procesado la prisión preventiva, y se han visto casos en que los superiores apelan en casos que se hayan dictado medidas sustitutivas; entonces son ellos quienes presionan para que se dicte la prisión preventiva.

 

Otro sector que también presiona es la policía. Ellos cuando presentan un detenido, y obviamente un juez califica la flagrancia, si está legalmente detenido, si es que hay elementos suficientes, le dicta la prisión preventiva, y en caso contrario lo pone en libertad. La policía al ver esto, dice que cuánto les cuesta capturar a un delincuente, y sin embargo después un juez inmediatamente lo pone en libertad; y eso hace que se levante la ciudadanía a reclamar contra la libertad de los detenidos sin darse cuenta de que no elaboraron bien un parte policial, no detuvieron en delito flagrante, o no existen elementos suficientes para dictarle una prisión preventiva.

 

Y también por último, es la misma ciudadanía por esta famosa seguridad ciudadana, a veces con la propia equivocación de los fiscales y operadores de justicia que no argumentan bien una prisión preventiva en la cual sale un procesado. Sin embargo, la ciudadanía está presionando para decir de algún modo que el "delincuente"? esté encerrado y permanezca en un centro carcelario y no sea acreedor de estas medidas sustitutivas, y están de acuerdo en que se dicte la prisión preventiva.

 

 

Mateo Ríos Cordero, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y Medio Ambiente del Azuay, Ecuador.
Escuchar audio.

 

1.

 

Es necesario referirnos a la Constitución del año 2008 y las reformas del CPP de marzo de 2009. Por fin dan término a los resabios del caduco sistema procesal escrito inquisitivo, y se instaura por completo "recordemos que en 1998 ya estuvo vigente el sistema oral, pero teníamos algunos resabios- un sistema acusatorio oral, siendo el núcleo principal, en efecto, las audiencias. Esto basado en principios de contradicción, celeridad e igualdad de las partes. Este nuevo sistema permite que el justiciable, la defensoría pública, la defensoría técnica, la fiscalía por supuesto autónoma, tengan una obligación jurídica: respetar y hacer respetar el debido proceso; por supuesto porque esto está sometido a un control judicial. La Constitución, las reformas referidas, nos han traído ciertas situaciones no innovadoras -recordemos que sancionas alternativas a la prisión preventiva y sanciones sustitutivas las tenemos en Europa hace más de un siglo-. Se introduce, por fin en conformidad con el art. 77 numeral 1 de la Constitución del Ecuador, la excepcionalidad de la prisión preventiva.

 

Qué pasaba antes de la reforma de 2008, qué pasaba en 1998: el juez sentenciaba, el juez administrando justicia, el juez practicando prueba, lo que el común de los mortales llama "juez y parte"?, es decir, qué fácil que era que se dicte una prisión preventiva. Por lo tanto, abarrotadas las cárceles de nuestro país, encarcelamientos injustos, y ya en 1998 afortunadamente el legislador puso límites a esto: caducidad de la prisión preventiva. Recordemos qué pasaba en 1998: personas detenidas en el país con una medida cautelar, con una medida de seguridad, más de un año, dos años, incluso tres. Un abuso excesivo de la prisión preventiva. Llegamos a 1998, un sistema ya oral, no completo, pero ya en los comienzos de las bases fundamentales para lo que estamos viviendo actualmente con la Constitución de 2008: garantías, asoma la figura del juez de garantías penales. Se independiza de la Procuraduría General de Estado la Fiscalía General y empieza a cumplir su rol protagónico en defensa de los intereses públicos y ahora en defensa también de la víctima. Netamente los investigadores, quienes proponemos enjuiciamiento penal, de esta forma llegamos a un gran alivio. Ya no teníamos exceso de prisión preventiva, había un doble control por parte de fiscalía y por parte de los jueces.

 

Se asomó la figura preponderante de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto significó una disminución considerable que dicten prisión preventiva, se desintoxicaron en cierta forma los centros de rehabilitación social del país.

 

Llegamos a 2008: en esencia, un puro sistema oral, así lo queremos entender, la pureza de este sistema oral basado en los principios de contradicción y celeridad, y uno de los más importantes: la oralidad de la igualdad de las partes para poder exponer ante un juez de garantías penales. Constitución de 2008: por fin ingresamos ya a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Están reconocidas las medidas cautelares, las medidas de seguridad.

 

Por qué surgen esas medidas: se establecen en el sistema procesal como mecanismo de seguridad. Estos están dirigidos a los individuos procesados, que por su peligrosidad no puedan garantizar el cumplimiento de la pena, la indemnización de daños y perjuicios. Es así que por fin con la reforma del 24 de marzo del año 2009, en registro número 555, le concede la facultad exclusiva al fiscal para solicitar las medidas cautelares. Antes si no había una petición de la fiscalía, estaba abierta la oportunidad incluso al juez de garantías penales extendiendo sus competencias, de dictar una prisión preventiva. Una de las novedades que encontramos con las reformas, insisto, es que solo la fiscalía puede solicitar las medidas cautelares. Además, tiene la posibilidad de solicitar medidas alternativas y medidas sustitutivas. Se hace una diferencia entre ambas. Las alternativas las tenemos reguladas en art. 5. Cuáles son: importantísimo, porque ahí está como una de las medidas la prisión preventiva. Las medidas cautelares personales: 1- la obligación de abstenerse a concurrir a determinados lugares; 2- la obligación de abstenerse a acercarse a determinadas personas; 3- la sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales o quien este designare; 4- la prohibición de ausentarse del país; 5- suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeñan cuando ello desempeñe algún influjo sobre las víctimas o testigos; 6- ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo físico o psíquico a las víctimas; 7- ordenar la provisión de que el procesado por sí mismo o a través de personas realice actos de persecución o intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de la familia; 8- reintegrar al domicilio a la víctima o testigo, disponiendo la salida simultánea del procesado; 9- privar al procesado de la custodia de la víctima o menor de edad en caso de ser necesario, nombrar una persona idónea; 10- la obligación de presentarse periódicamente al juez de garantías penales; esta es una de las medidas más utilizadas en el sistema. Actualmente la están utilizando con frecuencia los señores jueces de garantías penales y es la que está solicitando el Ministerio Público en debate con la Defensoría Pública. También una de las medidas que más ha solicitado la Defensoría Pública Nacional y el defensor privado, otra de las medidas del arresto domiciliario, que puede ser con supervisión o vigilancia policial. Importantísimo: antes el arresto domiciliario solo estaba entregado para que lo cumpla la policía nacional; ahora lo puede cumplir bajo ciertas condiciones que imponga el juez. Incluso lo podrían cumplir los centros de detención provisional, o personal de estos centros.

 

Como otra de las medidas tenemos la detención, y en la medida número 3, asoma la prisión preventiva. Antes la teníamos de una forma independiente. La prisión preventiva asoma ahora dentro de las medidas cautelares enumeradas en el art. 160, importantísimo por supuesto. De ahí nace la excepcionalidad del art. 77. Cuándo la prisión preventiva: cuando no se justifique ninguna de las anteriores. Importantísimo en poder precisar que no tiene efecto autónomo la prisión preventiva como lo tenía anteriormente. Insisto, la tenemos dentro de las medidas cautelares

 

Esto demuestra en efecto cómo está estructurada nuestra Constitución, a la mano con nuestro CPP, es coherente con la realidad social que estamos viviendo en Latinoamérica y en el mundo entero: cárceles abarrotadas con personas cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva. La prisión preventiva baja hasta el momento que se dicte en efecto una sentencia condenatoria, por lo tanto las personas que se encuentren con medida cautelar cumpliendo su prisión preventiva en los centros de rehabilitación social están por supuesto en un estado de inocencia. Ponemos reparos en la realidad: dónde se está cumpliendo la medida cautelar. La medida cautelar de prisión preventiva se está cumpliendo en los centros de rehabilitación social del país, que tienen como característica principal la rehabilitación de un culpable, no de alguien que esté cumpliendo la medida cautelar. Por lo tanto encontramos ya uno de los principales problemas que requieren mayor atención: dividir, como así lo dicen las reglas internacionales de tratamiento de reclusos, a quienes se encuentran con prisión preventiva -por lo tanto en estado de inocencia-, de quienes se encuentran sentenciados. A quién rehabilita el sistema penitenciario: al culpable, no al inocente. Estadísticas a diciembre de 2008, nos daban en efecto que a nivel de país había aproximadamente 15 mil internos en los centros de rehabilitación. La mitad de ellos, con medida cautelar, y la otra mitad con sentencia. El exceso que tenemos en los centros de rehabilitación social del país, es precisamente porque las medidas cautelares, siguen ordenando los jueces de garantías penales que sean cumplidas en los centros de rehabilitación social. Acaso olvidamos el debido proceso o solo estamos limitando hasta le momento en que se dicte la prisión preventiva, que les llenamos de garantías a la justicia y nos estamos olvidando del debido proceso, y en verdad lo que se debe exigir de centros de rehabilitación dignos no solo aquí sino a nivel de América Latina. El fracaso del sistema penitenciario, ha sido sentido por el exceso de detenidos con prisión preventiva en dichos centros.

 

Otro de los problemas que podemos encontrar dentro de esta dinámica de las actuaciones, es que creemos que desde la propia regulación del art. 161 agregado, habla de una audiencia de calificación de flagrancias. Delito flagrante, el que se comete en presencia de una o más personas, hablando en popular, a quien es detenido "con las manos en la masa"?. De forma inmediata en cumplimiento del pacto de San José de Costa Rica, de la Constitución, y de las reformas introducidas, esta persona es llevada de forma inmediata a un juez de garantías penales para que haga un control judicial. Este control está dentro de los límites establecidos; no se sobrepasarán las 24 horas desde el momento de detención, en que esta persona sea llevada ante un juez de garantías penales. Primer inconveniente: tenemos al parecer lo que establece el mencionado artículo: dos audiencias o dos comparecencias del justiciable y del procesado de la prisión preventiva, el primer momento que es detenido es llevado ante el juez, que califica la flagrancia del hecho delictivo y dispone que la policía realice el parte policial. Posteriormente, se tendría que convocar nuevamente a otro a diligencia, a otra comparecencia en la cual esté presente el Ministerio Público para dar inicio a la instrucción fiscal. Iniciada esta, en la actualidad lo estamos llevando en un solo acto, comparece el detenido ante el juez y también está en presencia de la fiscalía, pero si nos vamos al rigor de la ley, serían dos comparecencias del procesado, en lo cual indiscutiblemente, existen muchos reparos al respecto: traslado del detenido y todos los inconvenientes con el asunto del personal asignado para la custodia del detenido.

 

De una u otra forma llegamos ya a la audiencia, si se tiene la calificación por parte del juez de garantías penales, la calificación de la flagrancia delictiva, estamos hablando de que el Ministerio Público tiene el primer requisito para iniciar la instrucción fiscal, esa calificación de la flagrancia del hecho delictivo; en un segundo momento, luego de la calificación y la intervención de la fiscalía, el fiscal en la aplicación estricta al orden interno, tendrá que solicitar de ser el caso, previo examinar el tipo de delito, la eventualidad de una pena alta, un peligro de fuga, situaciones que puedan afectar si es que esta persona está libre, el normal desenvolvimiento del proceso por ocultación de pruebas, incluso observar también por parte de la fiscalía, el arraigo de esta persona por medio de justificativo de trabajo o residencia, podrá solicitar el Ministerio Público una prisión preventiva, la cual por supuesto la obliga a una motivación, a una fundamentación. En caso de no tener esa fundamentación, debería a lo mejor, no ser conocida por el señor juez.

 

Aquí hay un segundo inconveniente: la presencia de la Defensoría Pública Nacional, la defensa técnica en el momento de la audiencia -estamos hablando de que una persona ha sido detenida en la madrugada, la comparecencia la está haciendo en el juzgado en horas de la mañana-, no ha habido tiempo suficiente o necesario, para que la Defensoría Pública pueda acreditar el arraigo. Recordemos que en fines de semana en horas de la noche, no tenemos acceso a documentos clave como la registraduría de la propiedad, para ver si el ciudadano tiene un bien inmueble registrado a su nombre, no tenemos acceso a información de la municipalidad u otro organismo para acceder a esa información por parte de la Defensoría Pública y poder acreditar si esa persona tiene una casa, un número de teléfono asignado, un medidor de agua, un medidor de luz asignados, lo cual podríamos solventar y de esta forma solicitar por parte de la defensoría técnica una medida alternativa a la privación de la libertad.

 

2.

 

Entendido que en nuestra legislación ecuatoriana tenemos medidas alternativas y sustitutivas. Las alternativas son las que enumeramos hace un momento, que en efecto se encuentran en el art. 160. Una de ellas utilizada con frecuencia: la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales. Dentro de estas medidas también se encuentra la prisión preventiva: le otorga el CPP al juez una lista de medidas alternativas y excepcionalmente tomará una de ellas que es la prisión preventiva. Esta  es la alternatividad que tenemos de las medidas. Tomar el juez una de ellas, no le obliga sino siempre a que pueda el juez optar por otra medida. Incluso nuestra Constitución dentro del art. 77 manifiesta que el juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ahí está imponiéndole una vez más la excepcionalidad ya que tiene por supuesto otras medidas cautelares. Y esas en definitiva, son las alternativas. Por supuesto que en el art. 171 encontramos la sustitución de la prisión preventiva. El primer obstáculo para la sustitución de la prisión preventiva la trae la propia ley. No se podrá sustituir en los delitos contra la administración pública, entendidos estos como peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, que puedan afectar o hayan afectado el normal desenvolvimiento del Estado ecuatoriano, los delitos de muerte de una o más personas, de violación, e incluso le pone dentro también los delitos de última data que tenemos en nuestra legislación, los delitos de odio.

 

¿Cuándo puede ser sustituida? Cuando la persona procesada sea mayor de 60 años, una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso, hasta 90 días después del parto. Aquí en efecto estamos observando la sustitución de la prisión preventiva. Antes de las reformas, simplemente teníamos esta aplicación de sustitución de medidas de prisión preventiva. La lista indudablemente ha crecido y esto por supuesto va a significar en la aplicación de las medidas alternativas y sustitutivas, que baje el número de personas detenidas en los centros de rehabilitación del país.

 

Recomendaciones a plantearse: en efecto, las que habíamos ya enumerado hace un momento: una defensoría técnica, una Defensoría Pública Nacional, que vaya de la mano con la Fiscalía General del Estado; somos los actores principales del proceso oral del proceso indudablemente de igualdad de condiciones. Hacer un trabajo respetando por supuesto las diferentes situaciones de todas las instituciones involucradas, pero de forma de hacer un trabajo coordinado.

 

¿Qué es lo que está fallando en el sistema? A lo mejor que la propia defensoría técnica, la Defensoría Pública Nacional o la defensoría particular no puede acreditar ciertos elementos importantes para que el juez pueda tener la posibilidad de tomar cualquiera de las medidas alternativas, entendiendo que por supuesto las sustitutivas están involucradas dentro de ciertos límites exclusivamente impuestos.

 

Sería necesario a lo mejor un acceso inmediato a cierta información que maneja el municipio, de la registraduría de la propiedad, acceso inmediato a otra información personal que va a ser de mucha valía para que el juez finalmente pueda tomar una decisión. Recordemos que lo único que está haciendo este rato a lo mejor la Defensoría Pública, es manifestarlo y los señores jueces están exigiendo que se acredite.

 

Tenemos otros casos los cuales por la pena eventual a la cual va a ser sometido el sujeto en caso de llegarse a una sentencia, implicaría de una u otra manera que se va a tomar una sanción alternativa. Pero tenemos en otros casos que sí sería importante, imprescindible, contar con información personal del sujeto. Hablemos incluso hasta de antecedentes penales de la función judicial o de los antecedentes anteriores en la policía, si bien el pasado judicial no será tomado en consideración, pero creo que sería importante tener acceso a esa información a la propia Defensoría Pública, porque si estamos frente a una persona que ha delinquido anteriormente, y se le ha impuesto una pena de reclusión, estamos hablando de delitos mayores, y a lo mejor no sería susceptible ya de que se le pueda dictar una medida alternativa a la prisión preventiva.

 

Podemos preocuparnos por supuesto de llenar de garantías al procesado, de dar sanciones alternativas a la privación de libertad pero en prisión preventiva, pero no nos hemos preocupado en nuestra legislación, o a lo mejor vendrá de la mano de las reformas que se están preparando, una reforma al Código de Ejecución de Penas, necesaria por supuesto. Hay ciertos delitos en que podemos tener gente sentenciada un año, recordando que los beneficios carcelarios son prelibertad: dos quintas partes de la pena; libertad controlada: tres quintas partes de la pena; y finalmente la media pena. Hay delitos en los cuales sí podemos aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, como ya las hemos aplicado en la prisión preventiva: arresto de fin de semana, arresto domiciliario, que se presente periódicamente ante quien va a ser el que ejecute la pena, la creación -aunque ya está en la ley orgánica, afortunadamente aparece ahora con las reformas, por eso es importante- del juez de ejecución de penas, importantísimo dentro del sistema: no podemos por un lado permitir el exceso de la prisión preventiva, y por otro lado también estamos en la obligación de descongestionar los centros de rehabilitación social, pero no es para alarmarse. Se va a descongestionar con gente que pide sentencias menores y ya ha tenido una permanencia prudente en centros de rehabilitación. Insistir en la división no solo de internos o personas que se encuentran con prisión preventiva, por lo tanto en estado de inocencia, sino ya en los propios centros de rehabilitación, la división de internos de mediana, mínima y máxima peligrosidad.

 

3.

 

Desde el rol que realizo como fiscal dentro de la institución en el diario proceso que hemos tenido de acudir a los juzgados, estar permanentemente con la policía nacional, estar en los delitos flagrantes, no existe, no hemos podido percibir aquí en la ciudad de Cuenca ni en el resto de los cantones de la provincia del Azuay, ningún tipo de presiones para la utilización de la prisión preventiva. Por el contrario, se ha fomentado, y por supuesto lo impone la Constitución del Estado, esta nueva necesidad de dictar menos prisiones preventivas. Si nos referimos una vez más a la historia, el juez antes de las reformas de 1998 dictaba la prisión preventiva y abusaba de ella. Luego de 1998 teníamos pocas restricciones; solo teníamos la sustitución a la prisión preventiva. Finalmente en 2008, tenemos medidas alternativas y medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que denota el avance que en esta materia ha tenido la legislación ecuatoriana y por supuesto las repetidas felicitaciones a los organismos interesados en esto. Se necesita, una vez más, una fiscalía autónoma, una Defensoría Pública Nacional técnica, con mayor número de defensores públicos para de esta forma poder solicitarle a ese juez de garantías penales que utilice las medidas alternativas y sustitutivas, que preferentemente dentro de los parámetros y condiciones que expresa la ley, se lo está dando aquí en la ciudad de Cuenca y también en la provincia del Azuay.

 

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